Por: Karen Dayana Cáceres Claro
Foto: Hacemos Memoria
Como hija de un líder social, cada día me despierto con la angustia de saber que la lucha por la justicia y la paz pueden costar la vida. Mi corazón late con una mezcla de orgullo, incertidumbre y temor; en esta realidad, el silencio es cómplice.
Los líderes y lideresas sociales juegan un papel muy importante para el desarrollo y la paz en nuestras regiones. Sin embargo, en Norte de Santander, se enfrentan a un panorama desolador: amenazas, asesinatos, atentados constantes contra un sistema de protección que resulta completamente ineficaz. La falta de respuesta oportuna y efectiva por parte de las instituciones estatales no solo perpetúa la violencia, sino que también envía un mensaje claro: sus vidas importan poco.
Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, la labor de quienes defienden los derechos humanos esté marcada por el miedo y el silencio. La estigmatización y las campañas de desinformación utilizadas para desacreditar a estos líderes son tácticas que deben ser denunciadas y combatidas. En lugar de ser vistos como defensores del bienestar comunitario, muchos se convierten en el blanco de los grupos armados que buscan mantener su control territorial.
Esta desprotección no sólo es alarmante, sino que también plantea serios interrogantes sobre el compromiso del Estado con la defensa de los derechos humanos.
Teniendo en cuenta que nuestros líderes son grandes articuladores de proyectos y esperanzas colectivas, además de ser actores clave para la democracia, ¿no debería ser esto un motivo de respeto y admiración?, y no un sinónimo de riesgo y vulnerabilidad. En nuestro departamento, precisamente, la desprotección de los líderes es una herida abierta en la sociedad; cada asesinato es un grito ahogado que clama por justicia y reconocimiento.
Son objeto de innumerables actos de barbarie por parte de los diferentes grupos armados del conflicto interno que padece la región, a pesar de numerosas denuncias sobre amenazas y agresiones, la respuesta institucional ha sido insuficiente. La defensoría del pueblo ha señalado que hay escasas garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos en Norte de Santander.
¿Por qué la confrontación armada entre dos actores armados afecta la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos? El director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Mateo Gómez, explicó en un informe especial realizado por, Nicolás Sánchez, Valeria arias, Carlos Mayorga y Juan Gómez, periodistas de la paz en terreno, que “los actores violentos regularmente discriminan el territorio y sus pobladores como afectos a uno u otro grupo, volviéndose de esa manera objetivos militares. Regularmente, dicha estigmatización está fundada en prejuicios contra los líderes por llevar la vocería de comunidades altamente vulnerables”.
La estigmatización por parte de grupos armados también juega un papel crucial en esta problemática. Como mencionó Mateo Gómez, los actores violentos discriminan a las comunidades y a sus líderes, considerándolos objetivos militares simplemente por su labor de defensa. Esta dinámica no solo los pone en riesgo, sino que también silencia a las comunidades que dependen de ellos para alzar su voz ante injusticias y abusos.
La angustia diaria que padecen las familias de estos defensores es palpable; como hija de un líder social, entiendo profundamente el temor que se siente al saber que cada día podría ser el último para quienes luchan por la justicia.
Es inconcebible que personas que dedican su vida a luchar por la defensa de los derechos de los más vulnerables, tengan que llevar un peso tan grande sobre sus hombros. No debería ser así. No deberían tener que vivir con la zozobra constante de ser silenciados por aquellos que son instrumento de guerra. La labor de un líder social abre distintos escenarios hacía la posibilidad de visibilizar la situación real de las comunidades y por ende recibir más apoyo de la institucionalidad, el Estado; sin embargo, es desgarrador que, en lugar de recibir el reconocimiento y la protección que merecen, se encuentren en una lucha diaria por su propia supervivencia.
El reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) revela una alarmante realidad en Colombia: aproximadamente 117 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año 2024. Esta cifra pone de manifiesto la continua amenaza que enfrentan quienes lideran iniciativas comunitarias en el país. En nuestro departamento, se ha confirmado el asesinato de 6 líderes sociales durante los primeros meses del año, lo que refleja un patrón preocupante de violencia y desprotección. Cada líder asesinado representa una pérdida irreparable para su comunidad y para el avance de la democracia en Colombia.
El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar la protección efectiva, esto implica no solo ofrecer esquemas de seguridad robustos, sino también crear un entorno donde se respete la labor social y se valore el compromiso con la justicia y la paz. Las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos deben ser aliados en este proceso, no solo para exigir protección, sino para construir un país donde el diálogo y la participación sean las herramientas para resolver conflictos.
La violencia contra los líderes sociales en Colombia es un grito desesperado que no podemos ignorar. Cada asesinato no solo representa una vida truncada, sino también un ataque directo a la esperanza y al futuro de nuestra región. Estos valientes defensores de derechos humanos son el corazón de la lucha por la equidad, y su sacrificio no debe ser en vano. Es momento de que todos, como nortesantandereanos, nos levantemos y exijamos un cambio real. No podemos permitir que el miedo y la intimidación sigan dictando el rumbo de nuestro departamento y país. La protección de nuestros líderes sociales es una responsabilidad compartida; su valentía debe inspirarnos a actuar con determinación y solidaridad. Es fundamental que la sociedad se una a este clamor por justicia. La indiferencia ante esta crisis solo perpetua un ciclo de violencia; por ellos, cada uno de nosotros debe ser agente de cambio.
