La Corte IDH aseguró que el Estado colombiano es el responsable directo del asesinato de más de 6.000 personas por más de 20 años.
Por: Kevin Pineda
Casi 30 años de impunidad culminaron el lunes anterior. El Estado colombiano ha sido condenado por el asesinato de líderes, políticos y simpatizantes del partido Unión Patriótica (UP), que ha continuado por más de 20 años desde 1984; medida dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que notificó crímenes contra los derechos humanos de más de 6.000 víctimas y militantes de la UP.
El genocidio político
Fundada en 1985 como una alianza entre el Movimiento 19 de Abril y el Partido Comunista, la UP (partido de izquierda) nació de las negociaciones de paz frustradas entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur, buscando promover la paz y los derechos humanos a través de soluciones políticas y democráticas. Rápidamente comenzaron a ganar una fuerte influencia política en todo el país. Pero al mismo tiempo, aumentó la violencia de los paramilitares contra ellos. Tal como lo conocemos hoy, la Corte IDH afirmó que se trataba de “alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales”, lo que resultó en la muerte de miles de sus líderes y militantes.
En la década de 1980 fueron asesinados dos candidatos presidenciales de su organización política, James Pardo Leal y su sucesor Bernardo Jaramillo. Se destaca igual, hechos históricos como el Paro cívico del Nororiente en rechazo a diversas modificaciones políticas y constantes atropellos contra campesinos por parte del gobierno y fuerzas armadas; y la monumental Marcha de los Claveles Rojos como protesta por los asesinatos en contra de miembros y simpatizantes.
El hecho más escalofriante sin lugar a dudas es la masacre de Segovia, cuando el grupo paramilitar ‘Revolucionarios del Noreste’, vistiendo uniformes de policía, lanzó granadas contra diversos negocios y disparó indiscriminadamente a la ciudadanía dejando 46 muertos y más de 50 heridos.
Quedó evidenciado la complicidad del Estado en el uso de armamento militar exclusivo de las Fuerzas Armadas de Colombia y la inacción del departamento de Policía y del Batallón militar de Segovia, e incluso se supo que la Fuerza Pública colaboró en la planeación, ya que cartas amenazantes fueron creadas en el mismo Batallón.
Ante estas masacres, atentados y ejecuciones en contra de la UP, se conformó una comisión investigadora de 15 funcionarios judiciales, en los que 12 fueron asesinados por la alianza entre paramilitares, narcotraficantes y miembros del Ejército. Acompañado de decenas de hechos criminales, la persecución y violencia condujo a que en 2002 el Consejo Nacional Electoral (CNE) les retirara la personería al no conseguir curules suficientes. No era posible, sus candidatos habían sido asesinados.
Los derechos vulnerados
La sentencia leída en la audiencia comprendida en 886 páginas, destacan el incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos de las víctimas de homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, persecuciones, desplazamientos forzados y tentativas de asesinato.
Además, se determinó que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, las garantías jurídicas y la protección jurídica como consecuencia de la estigmatización de parte del gobierno.
La reparación
Como resultado, la Corte IDH ordenó 19 reparaciones. Entre ellas, la Corte IDH asegura que se deberá reabrir las investigaciones sobre los crímenes cometidos, emprender un proceso de búsqueda para determinar el paradero de los desaparecidos como también brindar atención médica y psicológica a las víctimas que lo soliciten, y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Al igual, debe establecer un día nacional para conmemorar a las víctimas y erigir un monumento a la memoria de los fallecidos.
Asimismo, el Estado debe informar a la CIDH cómo protegerá o fortalecerá los mecanismos existentes para la protección de los Líderes de la UP; y finalmente a pagar “cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales”.
La justicia floreció
En el 2013, el CNE le devolvió la personería jurídica a la UP, lo que permitió presentarse nuevamente en elecciones y se dio entidad de genocidio a los hechos cometidos contra el partido desde su fundación. En 2018, el movimiento tendría representación en el Congreso con Aida Avella. Y finalmente, este año se reconoció que el Estado no solo fue culpable de estos crímenes por omisión, sino también por acción.
“La sentencia de la Corte IDH sobre el exterminio de la UP nos llama a reflexionar sobre la sociedad que fuimos y que no podemos volver a ser, nunca más” – Néstor Osuna, ministro de justicia.
