La tutela presentada contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento busca cuestionar una presunta vulneración de los derechos fundamentales del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el desarrollo de su proceso judicial. La defensa, representada por el abogado Jaime Granados, argumenta que la falta de resolución de la recusación interpuesta genera la nulidad de los actos procesales posteriores, afectando así el debido proceso y la imparcialidad en la toma de decisiones dentro del juicio.
El caso se encuentra en la etapa probatoria, con la declaración del senador Iván Cepeda como testigo de la Fiscalía, cuando la defensa presentó la recusación alegando que la juez actuó de manera irregular al rechazarla sin el trámite adecuado. Según Granados, este proceder impidió que otro juez evaluara la solicitud, lo que constituye una “vía de hecho”, es decir, una actuación contraria a las normas procesales establecidas en la Ley 906 de 2004, que rige el sistema penal acusatorio en Colombia. La omisión de este trámite, según la defensa, compromete las garantías procesales de Uribe.
Ante esta situación, el Tribunal Superior ordenó que, en un plazo de 24 horas, tanto el Juzgado 44 como las demás partes vinculadas en el proceso se pronuncien sobre la tutela y presenten los medios de prueba que sustenten sus argumentos. La determinación del Tribunal busca esclarecer si efectivamente hubo una irregularidad que justifique la nulidad de las actuaciones posteriores a la recusación o si, por el contrario, el proceso ha seguido el cauce legal establecido.
Si la tutela es aceptada y se determina que la juez incurrió en una irregularidad, esto podría derivar en la repetición de ciertas actuaciones procesales o incluso en una revisión más amplia del caso, lo que retrasaría el desarrollo del juicio. En caso contrario, si el Tribunal concluye que no hubo vulneración de derechos fundamentales, el proceso continuará sin modificaciones, permitiendo que la etapa probatoria siga avanzando.
La tutela interpuesta representa un punto crucial en este proceso, ya que su resolución tendrá un impacto directo en la continuidad y validez de las actuaciones judiciales contra Uribe. Mientras la defensa insiste en que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, la respuesta del Juzgado 44 y de las demás partes será clave para que el Tribunal Superior determine la legalidad de lo actuado y defina el rumbo del juicio.
