La situación en el Catatumbo ha alcanzado niveles alarmantes de violencia, dejando en su estela un saldo trágico de más de 60 muertos y una cifra creciente de familias desplazadas. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc han desatado una crisis humanitaria sin precedentes en la región de Norte de Santander, Colombia. Los combates, que comenzaron el 16 de enero de 2025, han sumido a los 11 municipios afectados en un caos absoluto, con morgues colapsadas y más de 1.000 familias obligadas a abandonar sus hogares.
Las víctimas fatales, de acuerdo con el reporte, incluyen a líderes sociales y firmantes de paz, lo que resalta la complejidad de la situación. Carmelo Guerrero, un reconocido líder campesino de la región, se encuentra entre los fallecidos, lo que pone de manifiesto el riesgo que enfrentan aquellos que buscan la paz en medio del conflicto. La violencia no distingue entre actores armados y civiles; tanto adultos como niños son secuestrados, asesinados o desplazados en su intento por escapar de los combates, que se concentran principalmente en municipios como Ábrego, Teorama, y El Tarra.
El desplazamiento forzado es una de las consecuencias más devastadoras del conflicto. Según las autoridades, miles de personas han tenido que abandonar sus tierras y huir a ciudades cercanas como Cúcuta y Ocaña, donde ya se registran más de 3.000 desplazados. Sin embargo, la crisis también se extiende hacia las comunidades indígenas, que enfrentan riesgos extremos de desplazamiento y violación de sus derechos. En particular, las comunidades Yukpa en el norte del departamento de Norte de Santander reportan una grave amenaza de desplazamiento forzoso, con más de 600 personas afectadas en las últimas semanas.
Mientras los petristas pagan por pintar grafitis, los habitantes del Catatumbo son desplazados. pic.twitter.com/aeRuD6rhK4
— Ani Abello (@ANIABELLO_R) January 20, 2025
El secuestro también ha sido una herramienta de terror utilizada por los grupos armados. La Defensoría del Pueblo reveló que al menos 20 personas han sido retenidas desde el 16 de enero, de las cuales 10 son mujeres. Entre los secuestrados, hay firmantes de paz, lo que indica que incluso los acuerdos previos con el gobierno no han sido suficientes para garantizar la seguridad de aquellos que optaron por la vía del diálogo. La violencia en esta región parece estar alimentada, en parte, por el control de las rutas del narcotráfico, ya que los enfrentamientos se originaron por la disputa de un cargamento de cocaína.
El impacto en la infraestructura social también es evidente. La Defensoría del Pueblo reporta el colapso de las actividades educativas y la escasez de alimentos en las zonas más afectadas. La situación es aún más crítica para los grupos más vulnerables, como las personas mayores, mujeres gestantes, y niños y niñas, quienes enfrentan una gran vulnerabilidad. Además, las morgues locales están desbordadas, con más de 50 cadáveres aún sin recuperar en las zonas de conflicto.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales para frenar el avance de los grupos armados y ofrecer ayuda humanitaria, la situación sigue siendo insostenible. La Defensoría y otras organizaciones humanitarias han exigido una respuesta inmediata para proteger a las familias desplazadas y garantizar el acceso a la atención humanitaria. El gobierno colombiano ha intensificado las operaciones militares en la zona, pero la violencia no cesa, y el ciclo de desplazamiento, secuestro y muerte parece lejos de terminar.
