Durante casi 4 años, la Comisión de la Verdad desempolvó expedientes, escuchó a miles de víctimas, obtuvo los relatos de centenares de excombatientes y reconstruyó el dolor a través de las cifras de un conflicto de más de medio siglo.
El pasado 28 de junio del presente año, la Comisión de la Verdad entregó el fruto de su Informe Final titulado “Hay Futuro si hay verdad”, el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones. Este contiene, en 896 páginas, detalles y conclusiones sobre lo que ocurrió en 64 años de conflicto armado tras un ejercicio de memoria en el que se escucharon a más de 28 mil personas.
Esta es la culminación de horas de entrevistas con víctimas, actores armados y funcionarios públicos involucrados en la lucha armada entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este proceso, como afirma Lucy Luna, docente de sociología de la UFPSO, “es el más grande hecho de investigación histórica y científica que se ha dado en Colombia en 212 años de vida republicana, es un hecho muy importante especialmente para la academia que está formando las futuras generaciones del país”. La comisión se estableció en 2016, como parte de un histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hoy, ese universo de voces fragmentadas está contenido en un informe que intenta explicar cómo y por qué se fueron reciclando dichas violencias.
En su cruzada por desentrañar las oscuras profundidades de la guerra y la amargura de las víctimas, la Comisión de la Verdad se enfrentó a su mayor reto: devolver la humanidad a todas las almas rotas por el conflicto. Y junto a la Jurisdicción Especial para la Paz y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos, se llevó a cabo un proyecto sobre violaciones de derechos humanos como homicidios, secuestros, reclutamiento, desaparición y desplazamiento forzado en el conflicto armado colombiano que integró 112 bases de datos aportadas por 42 instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Un viaje que supuso levantar las cortinas del miedo, disipar el odio que vivía en silencio y sacar a la luz el dolor reprimido.
Una guerra que nada dejó
El trabajo se centró en la reconstrucción de esa verdad no única sino colectiva, y más allá de encontrar a los responsables, el informe aspira identificar los factores que hicieron de esta guerra una de las más largas de la historia. «Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe pasando», exclama Francisco de Roux, sacerdote jesuita y presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Según la comisión, el conflicto armado dejó 450.664 muertos entre 1986 y 2016; a su vez, más de 8 millones de personas sufrieron desplazamiento forzado en el mismo periodo. El informe compara las bases de datos con los relatos de miles de víctimas de todo el país y afirma que el 80% de las víctimas eran civiles no combatientes.
Algunas de las conclusiones arrojan que el narcotráfico es una industria muy arraigada que impregnaba la economía y financiaba el conflicto; que el modelo de seguridad del Estado, financiado en parte por Estados Unidos y desarrollado en el marco de la guerra contra las drogas, ponía a las fuerzas armadas en «modo guerra»; que la exclusión no era sólo económica; que los patrones de discriminación racial, étnica, cultural y de género desempeñaron un papel crucial en la perpetuación del conflicto; y que el Estado dejó desprotegidas a las regiones y poblaciones vulnerables, especialmente a los jóvenes que, ante la crisis económica y la lógica de la guerra en sus zonas, se vieron obligados a unirse a los grupos armados por ser ésta una forma de vida posible.
“Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima del conflicto armado en Colombia, tendríamos que estar en silencio durante 17 años” – Roux.
¿Y ahora, qué?
Si Colombia no resuelve factores de persistencia de la guerra, el conflicto «no acabará de acabarse», dijo Roux. En cara frente a esta dura realidad social, se expone una serie de recomendaciones en las que enfatiza: la implementación del acuerdo con las FARC y el inicio de nuevos procesos de negociación, el reconocimiento y reparación de las víctimas, la ampliación de la democracia, la protección de la protesta social, el fin de la guerra contra el narcotráfico, la creación de una comisión de transición para el esclarecimiento de los hechos, el cambio de la política de seguridad, la reforma de la fuerza pública, el desarrollo rural y la educación para la paz.
En numerosas sugerencias se tratan las reformas a las políticas e instituciones del Estado, algo que deberá liderar el presidente electo Gustavo Petro, quien está de acuerdo con muchas de las propuestas de la comisión.
«El informe no tiene como objetivo la venganza, sino la paz.” – Gustavo Petro
Para ‘vivir sabroso’ de nada sirve desconocer y desapropiar este hecho histórico, catalogado sin duda como uno de los proyectos más grandes del mundo sobre violaciones de derechos humanos. A través de un cuestionario, se conoció que casi la mitad de los encuestados tenían muy poca o nula información acerca de este extenso camino que abarcó también a Ocaña, cuando por primera vez en los procesos de paz del mundo, los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad reconocieron su participación en estos delito durante una audiencia histórica organizada por la JEP. “El objetivo es conocer la historia de miles de colombianos como sociedad para que no se vuelva repetir – afirma Lucy Luna – con una enorme esperanza de que Colombia salga por fin de la oscuridad”.
Este proceso pretende ser una cura para el inmenso dolor de una guerra por la que Colombia aún llora. Por eso es necesario que el Informe de la Comisión de la Verdad sea conocido y socializado por todos los colombianos, es así como podremos garantizar que los horrores de la guerra no se vuelvan a repetir. “Debemos aprender mucho del proceso de paz de Sudáfrica en cabeza de Nelson Mandela, el perdón y reconciliación son la base para construir una sociedad en paz” (Sergio Pérez, activista ocañero).
